De un total de 821 artículos, el mensaje presupuestal destina 70 para modificar y actualizar normas relacionadas con los funcionarios. Los cambios se enmarcan en la reforma del Estado que el gobierno de José Mujica se ha puesto como objetivo, denominada Transformación Democrática del Estado.
El presupuesto prevé los fondos para que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) implementen la Transformación Democrática en los ministerios de Salud Pública, Industria, Energía y Minería y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, donde se llevarán adelante experiencias piloto a partir de 2011. Allí, se analizará en detenimiento los cambios necesarios en la carrera adminsitrativa y se comenzará a implementar el nuevo estatuto del Servidor Público, que impondrá criterios de horizontalidad en la función pública y mayo movilidad de los funcionarios entre los distintos incisos de la administración central.
Sin embargo, el presupuesto enviado ayer por el gobierno al Parlamento incluye un número de normas relativas a la contratación, destitución y evaluación de los funcionarios públicos, donde la ONSC adquiere un rol relevante, quedando como encargada de planificar “las reestructuras organizativas y de puestos de trabajo” en los distintos ministerios.
El proyecto determina que todos los ministerios deberán informar a la ONSC sobre las vacantes que se hayan generado en el año, así como todos las personas con discapacidad ingresadas, precisando la discapacidad y el cargo. Todos los datos serán centralizados e el Sistema de Gestión Humana (SCH) de la oficina, donde se contará con los datos personales, funcionales, de régimen horario y retributivo de las personas que tienen un vínculo con la administración central.
Excedentarios
El texto además marca un nuevo procedimiento para determinar que los jerarcas de los ministerios puedan declarar a los funcionarios “excedentarios” de dicho organismo. Dicho funcionario pasará a integrar una nómina dentro de la ONSC hasta que esta oficina le determine un nuevo destino. En principio, la oficina debe priorizar la redistribución de dichos funcionarios en el propio organismo al que pertenecen, y luego, en otros organismos que deban llenar vacantes. El artículo 15 del texto aclara que la redistribución del funcionario “no podrá significar, en ningún caso, lesión de derechos funcionales”.
Cuando el funcionarios sea notificado sobre su nuevo destino laboral, la persona deberá presentarse en los siguientes diez días hábiles, o de lo contrario se entendera como una “renuncia tácita al cargo”. No podrán ser declarados excedentarios los funcionarios docentes, del servicio exterior o los funcionarios fiscales ni de particular confianza. En función de estas normas, el artículo 31 del texto prohibe por tres años la contratación de nuevo personal para sutituir a los funcionarios declarados excedentarios.
Respecto al cambio de remuneración que pueda sufrir el trabajador redistribuido, el proyecto aclara que si la retribución es mayor en el lugar de destino se fijará la nueva remuneración más alta, y si es menor, la diferencia con su anterior sueldo será considerada como una compensación personal al funcionario.
Cómo salir
El proyecto suprime las vacantes de cargos y funciones del escalafón de Conducción, así como las de director de División y jefe de Departamento, y habilita los créditos que queden disponibles por esa supresión tengan como destino el financiamiento del “nuevo sistema escalafonario resultante de la nueva carrera administrativa”.
Otras de las normas incluidas en el proyecto de ley de presupuesto determina modificaciones en la destitución por incapacidad física o psíquica. Si un funcionario pide licencia por enfermedad por más de 60 días en un año, una Junta Médica deberá evaluar su caso y podrá dar hasta 18 meses de licencia, pero una vez cumplido este período, si la persona no puede reintegrarse debe ser detituida por incapacidad, pasando a recibir la jubilación correspondiente.
Como entrar
En el texto se definen con claridad las formas de contrataciones personales que puede mantener el Estado: arrendamiento de obra, becarios y pasantes, contrato artístico y contrato temporal de derecho público, estableciendo condiciones específicas y en todos los casos inhabilitando la aspiración a un cargo presupuestado. Todos los ingresos mediante estas formas de contratación serán determinados por el Sistema de Reclutamiento y Selección de los recursos humanos de la ONSC, conocido como sistema de ventanilla única, así como los concursos de función pública.
En términos de formación, el proyecto crea la Red Uruguay de Capacitación y Formación de Funcionarios del Estado, para planificar y centralizar las propuestas de formación en todos los incisos de la administración central.
“No nos dieron nada”
El presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Pablo Cabrera, dijo en diálogo con Producción Nacional que desde el gobierno no se les informó sobre estos cambios que serían introducidos con el proyecto de ley de presupuesto. “No nos dieron nada. En la negociación colectiva, en el consejo de rama, la ONSC los iba a presentar, pero como se dio la discusión en el tema de los becarios el resto de las normas quedó para atrás, y no nos dieron el documento”. Cabrera espera a obtener mañana, en la próxima reunión del consejo de rama, las normas incluidas en el presupuesto, para poder evaluarlas en el seno de COFE.
Un documento elaborado por asesores jurídicos de COFE en relación al borrador de reforma del Estado presentado por el Poder Ejecutivo critica “el desprecio del gobierno hacia uno de los derechos humanos fundamentales como lo es la Negociación Colectiva y su clara determinación de desconocer la norma que lo consagra”, al no discutir los principios de un nuevo estatuto del funcionario público y los pilares de la nueva carrera administrativa con los funcionarios. Además cuestiona que se mantenga la “práctica común a todas las administraciones anterior, consistente en la modificación o instrumentación de reformas sin un sentido de continuidad”.
En relación a la “simplificación de los vínculos laborales con el Estado”, lo que se introduce en el presupuesto con la delimitación de las formas de contratación, el documento al que accedió Producción Nacional señala que el gobierno tiene la intención de “consolidar dos segmentos diferenciados de trabajadores del Estado. Unos, los presupuestados, titulares de los derechos propios de la carrera administrativa, entre ellos el derecho a la estabilidad, y otro constituido por trabajadores sometidos a diversos niveles de precariedad”.
Mientras prosigue la negociación colectiva en el consejo de rama de la adminsitración central, los trabajadores trasladarán sus reclamos y expectativas al Parlamento, donde será la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de la cámara baja la encargada de analizar en primera instancia la considerada “ley madre” del gobierno de Mujica.
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Producción Nacional
