Mañana el Consejo de Ministros debatirá el proyecto de decreto que establece una jornada mínima obligatoria de seis horas diarias y 30 horas semanales.El Consejo de Ministros considerará las observaciones realizadas por los dirigentes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), el pasado viernes en el consejo de la administración central. El proyecto de decreto establece además un horario único de atención al público y un horario de funcionamiento en las oficinas de la administración central, y establece un conjunto de sanciones a los funcionarios que no cumplan con sus horarios así como a los jerarcas que fallen en el control de la jornada.
El viernes pasado los dirigentes públicos criticaron el decreto en un encuentro con los representantes del gobierno, por entender que los principales puntos del mismo “ya estaban contemplados en normas anteriores, entonces no entendemos por qué un nuevo decreto para repetir la normativa anterior”, según explicó a Producción Nacional Pablo Cabrera, el presidente de COFE.
Lo que si no estaba contemplado en otras normas son las sanciones previstas en el decreto por el incumplimiento de los horarios, que van desde el apercebimiento con anotación en el legajo del funcionario hasta suspensiones por 180 días. “Lesiona el debido proceso y el derecho del trabajador a primero tener una istancia sumarial donde se estudie si lleva o no una sanción”, enfatizó Cabrera.
Por otro lado, los trabajadores públicos aseguran que un cambio del horario de trabajo debe estar “atado” al ajuste salarial correspondiente.
“Del universo afectado el 90% pertenece al escalafón A (profesionales), algunos al B (técnico profesional) y algunos menos al D (especializado), que actualmente tiene jornadas de menos de seis horas diarias”, señaló Cabrera, agregando que en cualquiera de estos casos el contrato laboral es efectivamente por seis horas. Sin embargo, explicó que “administraciones de la década de los %2790 redujeron la carga horaria porque no iban a contemplar ajustes salariales” en esos casos, dando por vía indirecta una mejora salarial que se convirtió en un derecho adquirido por los trabajadores.
“Nosotros estamos de acuerdo en uniformizar la jornada, y seis horas es una carga horaria normal, una reivindicación general del movimiento sindical, pero debe ir acmpañado de un salario representativo de la labor que se hace”, señaló, y reconoció que en este punto es “en el que estamos más trancados”, ya que el gobierno manifestó desde un comienzo que no está dispuesto a realizar ajustes salariales para implementar esta obligación.
En el encuentro del viernes se abrió una posibilidad de estudiar “caso a caso” algunas situaciones particulares. Según explicó Cabrera, las disparidades salariales en la administración central permiten que un contador que trabaja entre cuatro y cinco horas diarias en el Ministerio de Economía perciba un salario de entre $50.000 o $60.000, mientras que un abogado del Ministerio de Trabajo por la misma carga horaria gana un sueldo de $13.000 o 14.000. “En esos casos habría una posibilidad de mejorar los salarios, no fue algo que se saeguró pero tampoco quedó descartado”, informó el dirigente.
Luego del Consejo de Ministros de mañana, el Ministerio de Trabajo quedó en volver a convocar esta semana a los dirigentes públicos y a los representates de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), representantes del gobierno en la negociación colectiva.
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