Terminó el Juicio Ciudadano sobre Energía Nuclear en Uruguay. Sus recomendaciones serán «un insumo más para la discusión». El proyecto, organizado por la Unidad de Ciencia y Desarrollo de la Facultad de Ciencias y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República (Udelar), comenzó a planificarse hace cerca de dos años. La metodología se tomó de algunos países como Dinamarca, donde se promueve que un grupo de ciudadanos no expertos en temas científicos, tecnológicos o ambientales, asesoren al Parlamento al momento de abordar temas complejos. En nuestro país los resultados no tienen ningún efecto vinculante, sino que son “un insumo más” para la discusión.
En Uruguay el reclutamiento de los miembros del jurado terminó en abril, y fueron seleccionados quince personas con el objetivo de ser una pequeña muestra representativa de la población uruguaya tomando en cuenta su edad, ocupación, lugar de residencia y sexo, entre otros aspectos. Entre los itnegrantes se encontraban desde ingenieros hasta personas desocupadas, que sin tener una posición formada sobre la energía nuclear, estaban dispuestos a involucrarse durante tres meses de forma honoraria en el tema.
El juicio consistió en talleres preparatorios con asesores, y finalmente el fin de semana pasado se desarrollaron en el Paraninfo de la Udelar dos sesiones plenarias donde un grupo de expertos contestaba las preguntas del jurado. Participaron expertos en distintas disciplinas. Vinculados con la energía fueron “testigos” el Dr. Jorge Servián, Dr. Oscar Zamonsky (a distancia), el director Nacional de Energía Dr. Ramón Méndez, Dr. Gabriel González, Dr. Sergio Ribeiro, expertos en sistemas de control y seguridad en la industria como el ingeniero Enrique Muttoni, profesionales de otras áreas vinculadas a técnicas nucleares como el doctor en Medicina Eduardo Touya, la abogada Diva Puig y autoridades políticas; el propio Méndez, el asesor en radioprotección en la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección del Ministro de Industria, Energía y Minería, el ingeniero Enrique Morales y el senador Daniel Martínez (Frente Amplio). También participaron representantes de organizaciones sociales, como Mónica Castro delegada de los sindicatos de la Energía, el dirigente sindical Gabriel Portillo, María Selva Ortiz y Carlos Anido de Redes Amigos de la Tierra, Gerardo Honty del Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas (CEUTA) y asesores en ética, desarrollo, y economía, entre otros Eduardo Gudynas, Reto Bertoni y César Failache.
Los resultados
En la posición final del jurado se traslucen varias posiciones respecto a la posibilidad de que Uruguay desarrolle un plan nucleoeléctrico a partir de 2030. “Con la información disponible actualmente ningún miembro del jurado se ha expresado a favor de esta iniciativa. Sin embargo, los matices existentes en el jurado basados en argumentos económicos, políticos, sociales, éticos, ambientales, científico-tecnológicos y los que surgen del análisis de la matriz energética nacional varian desde el NO a la iniciativa hasta la posibilidad de aceptar la misma si los avances tecnológicos minimizan el riesgo asociado al emprendimiento o si los futuros estudios locales aportan información actualmente no disponible”, señala el veredicto.
En el pronunciamiento final se destaca la importancia de contar “por primera vez con una política de Estado a largo plazo acordada por todos los sectores políticos en materia energética” y que dicha planificación apunta a “la diversificación de la matriz energética y en una marcada apuesta a las energías renovables”. Además toma en cuenta que la sociedad uruguaya “ya está expuesta a algunos riesgos de la generación nucleoeléctrica debido a las actividades de los países vecinos y a otros riesgos en relación a los actuales usos de las tecnologías nucleares que ya existen en Uruguay (industriales, médicos y de investigación).
Entre las recomendaciones realizadas por el jurado se encuentran la necesidad de formación a nivel técnico y profesional de recursos humanos para la gestión de los residuos nucleares ya existentes, que los informes que la Comisión Multipartidaria encargada de analizar la viabilidad de la opción nuclear realiza cada tres meses al presidente sean públicos y que alrededor de dicha presentación se generen ámbios participativos.
En el veredicto los integrantes del jurado aclaran que no se busca “que la decisión sea definitiva ni que represente la voz de la ciudadanía en su conjunto. Es un argumento más o insumo para tener en cuenta en el proceso de toma de decisiones porque revela o pone de manifiesto nuevos argumentos y enfoques que no necesariamente se consideran en los asesoramientos técnicos que caracterizan tradicionalmente a la toma de decisiones sobre temas científico-técnológicos”, y recomiendan que se utilice la metodología del juicio ciudadano o de participación pública en otros ámbitos “para propender a que los académicos, políticos y ciudadanos se vinculen de forma diferente y se genere aprendizaje social para la construcción de ciudadanía”.
Acceda aquí a las conclusiones finales del Juicio Ciudadano sobre Energía Nuclear.
Foto tomada de www.universidad.edu.uy
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