La Defensoría del Vecino de Montevideo presentó ante las autoridades municipales y también ante el Congreso de Intendentes su propuesta sobre el polémico tema de la patente de rodados.
Fernando Rodríguez, Defensor de Vecino
En el documento elaborado asegura que “los montevideanos como las montevideanas, tanto quienes poseen vehículos, como quienes andan de a pie, están siendo afectados en sus derechos por la política tributaria vehicular del gobierno departamental y también por la actitud asumida por otras administraciones”.
Para conocer de qué se trata esta propuesta conversamos con el Defensor del Vecino, Fernando Rodríguez.
Juan Pablo Méndez — ¿Podría resumirnos cuál es la propuesta de la Defensoría del Vecino?
Fernando Rodríguez — Lo primero que quiero decir es que es una propuesta que tiene una particularidad y que está hecha por una institución que le ha dedicado mucho tiempo a esto, una institución que mira a todas las políticas públicas con un enfoque de derechos humanos.
La propuesta va por dos o tres lugares. Primero, limitar el componente de la autonomía municipal —que no quiere decir debilitarla, si no fortalecerla—. Hoy por hoy, la autonomía municipal si se usa descuidadamente, no como está previsto en la Constitución de la República, afecta derechos. La autonomía municipal como cualquier otra política pública tiene que tener como objetivo central proteger los derechos del ciudadano.
Hoy cuando un intendente empadrona vehículos de otra intendencia está vulnerando la autonomía de los residentes o ciudadanos de ese otro departamento. Todos nosotros tenemos derechos pero también tenemos límites a nuestros derechos que hacen al bien común, al hecho de que vivimos en colectividad, en conjunto. Las 19 intendencias tienen autonomía pero debe de ser una autonomía interdependiente porque somos un país unitario. Eso es lo primero.
Entonces, para avanzar en este concepto decimos que es necesario ir a una reforma constitucional, situada específicamente en el artículo 297 inciso Nº 6 de la Constitución de la República en donde se establece que el tributo de vehículos de transporte es de autonomía municipal. Nosotros decimos que esto tiene que volver a situarse en el Parlamento Nacional —que es el organismo del Estado más democrático—donde está representada toda la ciudadanía.
Como este es un tema nacional, ese tiene que ser el ámbito de resolución para conseguir una patente única en todo el territorio nacional como un impuesto municipal que va a las arcas municipales y se garantiza que el impuesto es un impuesto municipal, pero es fijado en términos de aforo y de alícuota por el Parlamento Nacional a través de una ley nacional, asumiendo la responsabilidad en ese sentido el Parlamento Nacional.
J.P.M. — ¿Esta propuesta se presentó ante la Intendencia de Montevideo y también ante el Congreso de Intendente? ¿Se presentó a estos dos órganos?
F.R. — Sí. En el día de ayer la presentamos a la escribana Hyara Rodríguez, intendenta de Montevideo, al edil presidente de la Junta Departamental Dari Mendiondo y al intendente Ambrosio Barreiro como presidente del Congreso de Intendentes. La propuesta fue con copias a la Secretaría General de la Intendencia, a la Prosecretaría General de la Intendencia, al Dr. Basso, al Dr. Rodríguez y al contador Enrique Cabrera como director de Recursos Financieros.
Hoy y mañana además de difundirlo públicamente, le estamos enviando un original del documento a cada uno y una de los siete candidatos y candidatas a la Intendencia de Montevideo de los cuatro partidos que van a presentarse en las elecciones del 9 de mayo.
J.P.M. — Esta solución involucra una modificación de la Constitución de la República, cosa que no le compete a los intendentes sino al Parlamento. ¿Esa propuesta se le va a enviar a los legisladores?
¿Hay algún tipo de contacto? Porque en última instancia son ellos quienes tienen las herramientas para cambiar la actual situación.
F.R. — Exacto. Creo que en definitiva el ámbito parlamentario es el que tiene que plasmar en una solución eso, pero es muy importante que el Congreso de Intendentes, los intendentes, se expresen sobre la propuesta.
Lo que no debería de pasar, para ser coherentes con el ámbito democrático y reconocer al Congreso de Intendentes como un organismo de rango constitucional, que lo es, el involucramiento que debe de tener el Congreso de Intendentes para que la propuesta llegue al Parlamento y en definitiva caminemos con una decisión final del pueblo aceptando una reforma constitucional, es muy importante. El involucramiento del Congreso de Intendentes es muy importante. No puede quedar por fuera de esta discusión.
Nuestra expectativa es que el Congreso de Intendentes, cada uno de los intendentes y todo el sistema político se exprese sobre la propuesta y en definitiva hagamos un camino en donde haya un amplio escenario de consenso y de acuerdo. Si eso no pasa, seguiríamos en la misma situación de congelamiento, de estancamiento que ha habido en los últimos veinte años con toda la connotación de perjuicio que ha tenido sobre los derechos de todos los ciudadanos de todo el país.
J.P.M. — Ya le enviaron la propuesta a la Intendencia de Montevideo, y ahora ¿cómo sigue el trámite entre la Defensoría del Vecino y la Intendencia Municipal de Montevideo?
F.R. — Sigue en un trámite de diálogo.
Nosotros con la entrega del documento abrimos un expediente, una actuación formal frente a la administración. También abrimos un expediente en la Junta Departamental y de hecho entra en el orden del día como asuntos entrados en el plenario del próximo día jueves. Lo que se establece a partir de ahora, según nuestras expectativas, son instancias de diálogo en donde la administración, el gobierno departamental de Montevideo se pronuncie sobre la propuesta, porque el documento tiene una recomendación explícita al Gobierno Departamental —y esto nosotros no lo recomendamos a otros departamentos, porque nuestra competencia es especialmente de orden municipal montevideano—, pero hay una recomendación específica que es que dada la coyuntura de un cambio de administración y la responsabilidad de la nueva administración de elaborar el presupuesto quinquenal, proponemos que esta administración deje encaminados los estudios necesarios para que en en los próximos cinco años se pueda en un proceso paulatino, planificado e informando a la población, para permitir que a fin del próximo período se termine con una patente en Montevideo, — si se da la reforma constitucional, la ley del Parlamento sería común para todo el Uruguay—; con un aforo igual al promedio de las compra-ventas del año anterior y una alícuota de 4,5% de ese valor.
Sería muy simpático decirle a la población: “Esto tiene que bajar mañana a la mitad”, pero somos conscientes de que estas cosas al estar incorporadas en el presupuesto municipal, las arcas del Municipio necesitan de este dinero, por lo tanto es necesario hacer un proceso paulatino en donde al cabo de los cinco años todo el país, todos los vehículos paguen lo mismo según el modelo y la característica del modelo en cualquier parte del país, pero además, todas las intendencias incorporen un sistema claro y transparente para empadronar en el lugar de residencia o de actividad principal.
Si esas cosas se dan, al cabo de los cinco años tendremos solucionado el tema de las patentes de rodados y tendremos solucionado también un tema que nos preocupa mucho y es que los inspectores de tránsito van a poder dedicarse el 100% a lo que tienen que hacer, que es tutelar, vigilar, cuidar la seguridad vial y no ser una herramienta de recaudación.
J.P.M. — Presentar esta propuesta ahora cuando ya está por terminar la administración… parecería más importante la respuesta que usted reciba desde los candidatos a la Intendencia que desde la actual administración, que poco le queda por hacer. ¿Estamos hablando de un proceso que sería deseable que durara cinco años?
F.R. — Sí, en realidad nosotros creemos que es oportuno discutirlo ahora porque la administración que termina tiene una evaluación clara del peso que esto tiene en el presupuesto municipal. Entonces, tiene cosas para decir porque vivió la experiencia. En el caso de Montevideo de intentar bajarla, de sufrir la migración de vehículos hacia otros departamentos y tiene la experiencia acumulada. Eso es bueno que esta administración se lo aporte a la próxima administración.
Por supuesto que quien va a tener que explicitar una voluntad política de encaminarse sobre esta propuesta es la nueva administración, por eso vamos a hacer la propuesta a los candidatos a la Intendencia, pero en el Parlamento que es quien tiene que resolver esto ya están instalados desde el 15 de febrero, o sea que creemos que estamos en el momento adecuado para hacer la propuesta.
J.P.M. — Ante tantos desacuerdos, idas y vueltas y como usted mismo lo dice en el documento, tanta “guerra” de patentes, honestamente, ¿ve alguna posibilidad de que esta solución que aporta o cualquier otra puedan tener lugar en el ámbito del Congreso de Intendentes más que nada?
F.R. — Parto de algunas bases; creo que no hay ciudadanos uruguayos que estén de acuerdo con que la situación que hoy se da esté bien. Hay un total consenso de que así no se puede seguir. Eso es lo primero.
He escuchado a algunos intendentes decir: “Esta situación deja de rehén a los contribuyentes”. Son perseguidos en la calle, tienen que presentar documentos y tienen que optar por el departamento más barato, porque el departamento en el que residen es tres o cuatro veces más caro. Esto ha sido explicitado por los intendentes. Entonces, hay un nivel de bastante consenso y de acuerdo, explicitado públicamente de que esto no puede seguir así.
Lo otro que constatamos es que en el marco del Congreso de Intendentes se han hecho los esfuerzos y siempre hay vetas o grietas que hacen que las soluciones que más o menos se dibujan en el Congreso de Intendentes no terminan siendo efectivamente una solución al tema. Ese es el segundo elemento.
Y el tercer elemento, que es en el que yo confío mucho, es que la ciudadanía se movilice por esto. ¿Qué quiere decir que se movilice? Cuando pusimos nuestra página web y difundimos el tema, empezamos a recibir un montón de mensajes, correos electrónicos y llamadas, alguna enfáticamente a favor, otras aportando cosas que nosotros no habíamos tenido en cuenta y que también pueden ser incorporadas en la discusión. Entonces, la movilización y la presión ciudadana me parece que ha sido lo que ha faltado en todo este tiempo, porque la discusión ha sido desde el punto de vista político-partidario.
Nosotros el año pasado involucramos a la Universidad de la República, a la Universidad Católica, a la sociedad civil, a ASCOMA (Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores), hicimos una consulta con el Defensor del Pueblo de España; con la Universidad de Alcalá (España).
J.P.M. — ¿Lo que falta es una presión de la gente, de los más afectados?
F.R. — Exacto.
No sólo de los que tienen vehículos, porque a nosotros nos preocupa muchísimo — y capaz que un poquito más—, aquellos ciudadanos que no tienen vehículos, pero tampoco tienen las calles en condiciones, tampoco tienen luz, el alumbrado público en condiciones y la inseguridad que eso genera.
Nos preocupa muchísimo la evasión que tiene Montevideo. No hay números muy claros de cuántos vehículos tendría que tener empadronados Montevideo, pero el número de vehículos que no están empadronados en Montevideo y que son de Montevideo, es altísimo. Es mucho más alto de lo que se dice.
Se habla de entre un 40% y un 60% de evasión. En términos de autos específicamente empadronados en Montevideo, el porcentaje es mucho mayor.
Esto no se puede probar porque no hay un buen registro ni departamental, ni nacional de cuánto es la flota total del país y de cuánto está el empadronado en un lugar o en otro. Es muy difícil llegar a esta información.
Pero en estas horas, entre ayer y hoy, mucha gente ese ha movilizado llamándonos, escribiéndonos correos electrónicos; empresas inclusive que tienen datos estadísticos y que se dedican al tema de los valores de los vehículos también nos llamaron ofreciendo sus aportes.
Nosotros nos comprometemos a seguir como “caja de resonancia” de toda la movilización social, empresarial, de la sociedad civil organizada, para hacerle llegar al sistema político sistematizadamente estas cosas que están sintiendo y pensando los ciudadanos. Creo que todo esto tiene que dar un resultado positivo.
J.P.M. — Desde el lugar de la persona cuyo auto es detenido, ¿la fiscalización puede considerarse una violación a sus derechos?
F.R. — Creo que este tema también se resuelve atacando la raíz del problema. El tema de la fiscalización hoy no es un tema central, porque el tema central es resolverlo desde el origen, desde donde está mal.
Resolviendo desde el origen, después lo otro se va resolviendo.
Por ejemplo, analizar el tema de la fiscalización o analizar el tema de lo que aportó o no la ley 18.456; analizar eso aisladamente del “mar de fondo de los océanos convulsionados” que hay con todo el tema, es realmente un análisis muy parcial que no nos va a dar mucha luz.
Digo esto porque: ¿Por qué la intendencia tiene que fiscalizar en la calle? En principio, porque parte de errores intencionales; porque en definitiva hay un reconocimiento en ese sentido de errores a la hora de empadronar por parte de otras intendencias. Si hay intendencias que no exigen la certificación de domicilio, es más, tienen oficinas en Montevideo para facilitar el empadronamiento de los montevideanos y que aporten en otras intendencias, ese es el vicio original.
Después la Intendencia de Montevideo tiene que fiscalizar en la calle para restringir al máximo este vicio original. Si se aplicara fehacientemente el contralor a la hora de empadronar; se le exigiera al contribuyente la certificación de domicilio, no habría por qué hacer fiscalización en la calle.
J.P.M. — Claro, pero eso no es lo que ocurre. ¿La Defensoría del Vecino dice que estas personas que hoy son fiscalizadas por los inspectores de tránsito deben de iniciar acciones legales contra la intendencia? ¿Pueden hacerlo o por el momento no?
F.R. — No recomendamos iniciar acciones legales porque en realidad sería agregar a la confrontación, al enfrentamiento más enfrentamiento.
El ciudadano que reside en Montevideo y que empadronó en otro departamento por un tema económico, creo que de alguna manera usó el derecho de empadronar en otro departamento (que además, se lo permitían), para generar una economía en su presupuesto. La intendencia en la cual empadronó se lo facilitó y esa persona no tuvo que hacer ningún componente ilegal para empadronar, entonces el problema no está en el ciudadano, que lo que hizo fue buscar su conveniencia. Es lógico. El problema está en quién lo aceptó.
Los ciudadanos que saben que pasó eso en realidad también saben que si alguien les exige que empadronen en Montevideo porque residen en Montevideo, tienen que aceptar esa situación.
La Intendencia de Montevideo está exigiendo la lógica y lo que establece la ley — porque eso es un componente de la ley 18.456—, que es que la persona tiene que empadronar. Entonces, la persona que es detenida en el tránsito por el inspector sabe que le están exigiendo lo que la ley marca. No hay una cuestión de hacer un trámite judicial para… no, creo que en ese sentido no hay que agregar más inconvenientes a esta cuestión. Lo que hay que hacer, es eliminar esa necesidad.
Acá el problema es —inclusive, no lo tuvo en cuenta el legislador cuando se sancionó la ley 18.456—; la Constitución de la República en su artículo 7, dice que los habitantes de la República tenemos el derecho a la protección (entre varias cosas), de la seguridad. Habla de la propiedad privada, del goce de la vida, del trabajo, pero habla de la seguridad. Dentro del concepto de seguridad como derecho humano, está la seguridad vial.
Entonces, cuando la ley lleva a los inspectores a fiscalizar un componente administrativo que no tiene que ver con la seguridad vial, está desviando el objetivo central de proteger la seguridad vial como bien común, para en ese tiempo derivar a esos inspectores a vigilar el derecho acreedor que tiene la intendencia, pero lo tiene que hacer porque otra intendencia en abuso de la autonomía empadronó vehículos de otro departamento.
Si eso no pasara, tampoco pasaría que los inspectores tuvieran que hacer contralor administrativo en la calle. Entonces, resolviendo esto de raíz, también resolvemos el tema y concentramos a los inspectores en su tarea fundamental — que es lo que efectivamente saben hacer, y para lo cual se capacitan y se preparan—, que es tutelar la seguridad vial y vaya si precisamos que cuiden de la seguridad vial con todas las dificultades que en ese tema tenemos.
