«El que contamina paga», este es el concepto central de un proyecto de ley que por estas horas analiza la bancada oficialista y el Ministerio de Medio Ambiente.
La iniciativa del Senador Alberto Cid (Asamblea Uruguay – Frente Amplio) intenta darle un marco legal al destino de la basura tecnológica, una problemática que preocupa al mundo entero.
Entrevista emitida el miércoles 27/08/2008 en Producción Nacional – 1410 AM LIBRE
Alejandro Landoni – El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que cada año se genera en todo el mundo hasta 50 millones de toneladas de basura electrónica. La eliminación inapropiada de estos desechos libera peligrosas sustancias químicas y algunos metales pesados que le generan un importante perjuicio al medio ambiente, según reconoció Nelson Sabogal encargado de Asuntos Científicos de este Programa.
En Estados Unidos entre 1997 y 2004 se tiraron 315 millones de computadoras, lo que generó 8,5 millones de toneladas de materiales tóxicos.
Esta situación se repite en América Latina, donde muchas veces se compran equipos de segunda generación, situación que contribuye para que los países del primer mundo exporten futura basura tecnológica.
En Uruguay existe una sola empresa que se dedica al reciclaje de aparatos tecnológicos, pero no logra abarcar ni el 1% de lo que se tira en el mercado. La mayor parte de estos deshechos terminan en los vertederos municipales sin ninguna clase de reciclaje ni protección para el medio ambiente.
Ante esta situación, el senador Alberto Cid elaboró un proyecto que presentará en los próximos días en el Parlamento, para darle una solución legal a la problemática.
¿Cuáles son los ejes básicos de esta normativa que usted está a punto de presentar?
Alberto Cid – El proyecto está terminado y ha sido entregado al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hace 30 días y todavía no he tenido un retorno, por lo que asumo que ha habido coincidencia en la iniciativa.
La idea es crear un sistema de gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Este sistema está integrado por los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos y por los comercios que venden dichos equipos.
El mecanismo es el siguiente: cuando un comercio vende un equipo eléctrico deberá etiquetar ese equipo con la notificación de cual es la empresa que vendió el producto. Esto obliga a la recepción cuando del producto cuando haya caducado o cuando el comprador haya entendido que ya no le es de utilidad y piensa reciclarlo por otro equipo más moderno.
La recepción puede ser: por el vendedor del equipo, o por aquellas empresas que ven una finalidad comercial en el reciclado de esos equipos. Estas últimas para instalarse deberán tener la autorización de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Debemos aclarar que estos productos que hoy se tiran en las volquetas y en las usinas de residuos tienen un valor comercial importante porque contienen elementos de utilidad y de reciclado.
Tanto es así que hoy tenemos experiencias en nuestro país, —como ustedes lo mencionaban—, que se ocupan del reciclado y que han dado trabajo a hurgadores y a otros integrantes de la sociedad que encuentran en el reciclado un medio de vida.
Esto puede tener tres destinos:
Primero, la obtención de los materiales que están contenidos en los equipos.
Segundo, las Escuelas de Perfeccionamiento Tecnológico de nuestro país. Las centros que se ocupan de estos temas como la ex UTU, que pueden darle a sus estudiantes la posibilidad de manejar equipos de complejidad electrónica suficiente como para que se entrenen,
Y por último el destino de estas unidades que todavía contienen potencialidades de utilización, porque tienen un hardware que no es muy potente, pero que puede aceptar un software de baja complejidad que todavía puede ser utilizado para aquellas instituciones que por diferentes razones no pueden acceder a un equipamiento electrónico.
Es decir, que tiene multiplicidad de utilizaciones, pero sobre todo lo que tiene como efecto importante, es la minimización del impacto ambiental.
A.L. – Con todos los problemas que acarrea la implementación de la Ley de Envases que está en pleno proceso, -esto sería como una ley más o menos en el mismo sentido-, ¿es posible implementar una normativa en este ámbito? ¿Qué va a pasar con aquellos que no cumplan o no puedan recoger todos aquellos aparatos que vendieron?
A.C. – El proyecto contempla la posibilidad de sanciones. Aquellas empresas que la infracción no derive en una afectación medio ambiental, van a ser sancionadas con multas que van entre 1.000 y 5.000 Unidades Reajustables, que no es una sanción menor.
Y aquellas que tengan un impacto medio ambiental, la responsabilidad económica se incrementa casi tres veces más del valor de la anterior.
Por lo tanto, aquí hay un concepto de que «el que contamina paga», que es el concepto mundialmente aceptado y que está reflejado la ley. Por otra parte es una ley que refleja lo que la Unión Europa está impulsando, que tiene ya algunos años de aplicación, y que nosotros pretendemos reprogramar o reescribir para nuestro país.
Es una directiva de la Unión Europea de 2002 y que el Consejo el 27 de enero de 2003 estableció como la Regulación de la Gestión y la Disposición de los Aparatos Eléctricos o Electrónicos.
Es probable que haya en todo proceso legal, -sobre todo en nuestro país-, una distancia entre lo que hemos legislado y lo que realmente se aplica. Eso es real, absolutamente real, y es lo que nos hace decir que no siempre las leyes resuelven todos los problemas. De cualquier manera creo que es un mecanismo como para empezar a generar conciencia y para marcar directivas de lo que el país está necesitando que se haga.
Si usted recuerda la crisis de hace pocos años con el tema del plomo y las baterías de plomo, tenemos que recordar que mucho más contaminante es un computador que una batería de plomo.
¿Por qué? Porque si colocamos 100 mil computadoras en el medio ambiente, las disponemos de manera inadecuada y cada computadora tiene 100 gramos de plomo, esa es la magnitud del problema.
Además hay que sumarle que ya no es sólo el plomo sino que es mercurio, cromo, polibromodisulfato que son productos cancerígenos.
Muchos de ellos integran convenios que el país ha suscrito como por ejemplo el de regular los contaminantes orgánicos persistentes, donde además el compañero Mariano Arana presidió una de las reuniones en un país árabe que trató este tema.
Entonces, no podemos ponernos de espalda a estas situaciones.
A.L. – ¿Se puede decir que Uruguay está violando o incumpliendo esos tratados?
A.C. – Yo no diría que lo está violando, diría que estamos omisos en la regulación del tema.
A.L. – ¿Tiene el apoyo de la Bancada Oficialista o es un proyecto que usted impulsa a título personal?
A.C. – Lo estoy distribuyendo en la Bancada. Ya hice la distribución entre nuestros legisladores.
He tenido opiniones aisladas como por ejemplo la del senador Mariano Arana que me ha dicho que le parecía fantástico que se regule y el lunes veremos en la Bancada de Senadores.
De todas maneras, anuncio que este proyecto lo voy a presentar cualquiera sea la opinión de todos los que participan de nuestra Bancada de gobierno.
A.L. – ¿Lo va a presentar igual?
A.C. – Sí, porque creo que es una carencia, un «agujero negro» que tiene el país y que tenemos que regularlo.
